 Partiendo de la premisa de que una mayor implicación y sensibilización pública con relación a los problemas ambientales conduce a una mejor protección del medio ambiente, el Principio 10 de la Declaración de Río (1992) establecía tres principios básicos:
 Existen fuertes vínculos entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el los derechos fundamentales de los seres humanos.
La acción de las Administraciones Públicas en la toma de decisiones con repercusiones en materia de medio ambiente debe ser transparente.
Los ciudadanos tienen un importante papel en la protección del medio ambiente.
Con el objetivo de acercar las Administraciones a los ciudadanos y de que éstos se impliquen en la toma de decisiones y en el cumplimiento de sus normas e iniciativas, se hace necesario un esfuerzo y un cambio profundo que dote de mayor credibilidad y mejor funcionamiento a las instituciones y que facilite por parte del público un mejor conocimiento de los problemas ambientales.
Por todo ello, es preciso que toda persona tenga un acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, que difundirán la información ambiental en los contextos y forma en que ésta sea accesible y comprensible. Este es el punto de partida para asegurar una adecuada participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en materia de medio ambiente. | 
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